¿Punto de inflexión para un nuevo movimiento social?
Es momento de mirar más allá de los actos sangrientos y de
sus responsables políticos e inmediatos, sin que ello implique restarle
importancia a las tareas pendientes para aclarar estos sucesos.
Hemos sido
testigos de un momento crítico para la consolidación de un movimiento social
hasta hace poco incipiente, uno que probablemente trascienda el contexto
específico de los reclamos amazónicos frente a decretos hoy ya derogados.
Más
aún, las proyecciones de este movimiento se pueden constituir en adelante como
un serio desafío al modelo económico y de desarrollo que ha predominado en el
país en los últimos dos decenios.
La importancia que han adquirido las fuerzas de protesta
lideradas por los grupos amazónicos es necesario, ante todo, entender que como
movimiento social puede tener efectos políticos muy significativos sin tener
las características formales de los partidos u otras instituciones políticas.
Un movimiento social de carácter nacional no requiere de una organización jerárquica
ni centralizada, ni siquiera de una ideología claramente definida para pugnar
con éxito por alcanzar sus objetivos.
Los movimientos sociales contemporáneos,
por el contrario, suelen estar organizados de manera descentralizada y fluida,
y actuar en función de factores de afirmación de la identidad, luchando por
derechos, por ejemplo, sociales y culturales, y por la integridad de su
territorio.
En este sentido, el movimiento de protesta amazónico se estaría
constituyendo en un movimiento social de alcance nacional y, a pesar del
terrible costo en vidas de civiles y policías del Baguazo, se puede decir que
ya sumó sus primeras victorias.
Consideramos que el gobierno actual y sus aliados han venido
subestimado la repercusión que estos grupos en conjunto pueden tener en la
escena política nacional.
En este informe empezamos por recapitular la
secuencia de los principales sucesos que llevaron a los lamentables incidentes
del 5 de junio, buscando hallar en ellos las evidencias de un movimiento
incipiente que finalmente ha logrado repercusión nacional y la movilización de
otros actores con intereses afines.
Luego, caracterizamos el movimiento
amazónico como movimiento social que desafía al Estado en la medida en que este
último impulsa un modelo de desarrollo que los perjudica.
Finalmente,
analizamos algunas implicancias políticas del surgimiento de este movimiento
social para las próximas elecciones locales, regionales y nacionales.
En
diciembre de 2007, el Congreso de la República le otorga facultades al
Ejecutivo para legislar en materia referente al Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos. Entre marzo y junio de 2008, el Ejecutivo promulga diversos
Decretos Legislativos (DL) utilizando estas facultades, entre ellos, algunos
que afectan directamente los territorios amazónicos y los derechos de los
pueblos indígenas.1 Muchas instituciones de la sociedad civil, así como la
Defensoría del Pueblo,2.
Consideraron que estos DL violaban los derechos a la
consulta a los indígenas, a la tierra y al territorio, al uso de los recursos
naturales y a la libre determinación al desarrollo.
Desde el mes de julio del
2008, empiezan las protestas y paros de grupos amazónicos contra la mencionada
legislación, pero pocos medios periodísticos informan sobre estos sucesos.
Los pueblos awajún y wampis han tenido el mayor protagonismo
dentro de este movimiento, y están desde hace mucho tiempo organizados a través
de sus federaciones, de los ronderos y de sus apus, ante la ausencia del Estado
en sus comunidades.
Concretamente, la paralización en la Amazonía a mediados de
2008 fue liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP) que representa a comunidades awajún y wampi.
En agosto de
2008, cuando esta paralización se hace más fuerte, el Congreso decide derogar
los decretos 1015 y 1073, que modificó al 1015 (ver anexo).
Este es el primer
triunfo del movimiento amazónico, mientras que el Presidente de la República consideró
la derogatoria un “error histórico”.
El Congreso decide conformar una comisión para estudiar los
demás decretos, sobre todo los puntos que chocan con la Constitución y tienen
que ver con la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
En marzo de 2009, AIDESEP envía cartas al Congreso y al
Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la mencionada
comisión finalmente emitiera opinión respecto a los demás decretos en cuestión.
Allí empieza lo que se consideró la “mecida” del gobierno aprista que
exacerbara los ánimos de los grupos indígenas.
A falta de una respuesta, el 9
de abril las organizaciones indígenas deciden iniciar una huelga general
indefinida.
La protesta se siente en todas las regiones amazónicas, pero en
Lima, nuevamente, hubo poca cobertura de los medios.
El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP
acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no
se levanta la huelga.
En los días siguientes, la huelga se agudiza en diversas
zonas del país.
Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegación en
algunos ríos y se toma infraestructura petrolera.
El 9 de mayo, el Gobierno
declara por 60 días en emergencia a distritos de cuatro departamentos.
De esta
manera, comienza la polarización: por un lado, el Gobierno que busca ejercer la
autoridad y no establece aún una mesa de diálogo y, por otro, el movimiento
indígena que defiende sus derechos.
El 15 de mayo, en un acto aparentemente desesperado, el
dirigente máximo de AIDESEP, Alberto Pizango, hace un llamado a la insurgencia.
Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la
Defensoría del Pueblo, que hasta el momento venía jugando un rol importante
para frenar la violencia.
Los bloqueos continúan y el Gobierno sigue sin
escuchar.
Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso declara
inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando
pendiente su discusión en el pleno del Congreso.
Recién el 20 de mayo se instala la “mesa de diálogo”, pero
lo que se da en realidad es un “diálogo de sordos”: para el Premier es
suficiente con realizar algunas enmiendas a los documentos mientras que los
líderes amazónicos exigen su derogación por haberse formulado sin consulta
previa, además de demandar la discusión de temas de fondo relativos al
desarrollo de la selva.
Las opiniones del Gobierno, sobre todo las del Presidente
García (“la selva es de todos los peruanos, no solo de un grupo”), evidencian
poca comprensión de la naturaleza de los reclamos de los amazónicos y acentúan
la polarización.
Más aún, se advierte una posible denuncia a Alberto Pizango
por rebelión, sedición y conspiración.
Esta situación, y el Estado de
Emergencia que lleva casi un mes, encienden los ánimos
El 4 de junio, con voto de la mayoría aprista, se suspende
el debate de la derogatoria de los DL 1090 y 1064.
Para los dirigentes de
AIDESEP esto confirma la “mecida” del Gobierno respecto a sus demandas.
Ese
mismo día, la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de
inconstitucionalidad contra el DL 1064 porque vulnera los derechos
constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa a los pueblos
indígenas.
El viernes 5 de junio será recordado como el “Baguazo”,
donde se dio un enfrentamiento entre policías y más de tres mil indígenas de
las etnias awajún y wampis, así como campesinos, ronderos y ex combatientes del
Cenepa que habían tomado la carretera.
Perdieron la vida 24 policías y un
número oficial de 11 nativos fallecidos, que podría ser mucho mayor según
varias fuentes extraoficiales.
Sobre lo sucedido quedaron muchas dudas.
Sin embargo, el
Gobierno acentuó la polarización y arremetió contra los indígenas, con el mismo
Presidente señalándolos como terroristas financiados por extranjeros.
Enfrentando una orden de captura, Alberto Pizango ingresa a la Embajada de
Nicaragua y pide asilo como perseguido político.
El Congreso de la República se reúne de
emergencia el 10 de junio para suspender indefinidamente los DL 1090 y 1064.
Los dirigentes amazónicos consideraron este hecho una burla más del Gobierno, pues ellos exigían la derogatoria.
Más
aún, se denuncia a varios líderes de AIDESEP por apología y sedición.
Mientras tanto, el movimiento amazónico siguió ganando adeptos:
grupos indígenas de otras regiones, organizaciones gremiales como la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora
Político Social y otros respaldaron la posición amazónica con una gran marcha
nacional llevada a cabo el 11 de junio, en la que también participaron miles de
estudiantes universitarios.
Debido al creciente descontento de la opinión pública,
evidenciado en diversas encuestas y múltiples protestas, el gobierno empezó a
ceder ante la presión.
El Premier, tras reunirse con dirigentes amazónicos,
acepta derogar los decretos cuestionados mientras que, el 18 de junio, el
Presidente reconoce débilmente los errores cometidos durante el diálogo con los
dirigentes de la Amazonía.
Afirma, asimismo, su respaldo al premier Simon sobre
la derogatoria de los cuestionados decretos.
Al día siguiente, exactamente dos semanas después del
Baguazo, el Congreso confirmó la derogatoria de los DL 1090 y 1064.
En
respuesta a ello, los dirigentes de AIDESEP piden a sus bases levantar las medidas
de fuerza.
El viernes 19 de junio, cuando ya el Premier había anunciado que
dejaría su cartera apenas se calme la situación, la ministra del Interior,
Mercedes Cabanillas, anunció que todos los ministros habían puesto sus cargos a
disposición.
Actualmente se espera que lleguen a concretarse los
ofrecimientos de la conformación de una comisión investigadora sobre los hechos
del Baguazo que el Gobierno anunció el 24 de junio.
Si bien se ha logrado
reducir las tensiones en la Selva Norte, quedan diversos asuntos por investigar
y denuncias pendientes por esclarecer.
Urgen las investigaciones sobre las
denuncias de un número mucho mayor de desaparecidos a la cifra oficial.
Asimismo, falta aclarar la situación judicial de Alberto Pizango y otros
dirigentes, así como la orden de captura contra Santiago Manuin, dirigente de
la provincia de Condorcanqui gravemente herido en el enfrentamiento.
Además,
habría aún una cuarentena de líderes indígenas presos.
Más allá de los
directamente involucrados en los sucesos de Bagua, preocupa la actitud del
Gobierno al suspender a siete congresistas nacionalistas, por un periodo que en
la realidad sobrepasa los 6 meses, pues cambia la correlación política de
fuerzas para la elección de la próxima junta directiva en el Congreso.
Por otra parte, el Presidente calificó a los nativos de
“subversivos”.
Este tipo de caracterización, además de tratarlos explícita o
implícitamente como “ignorantes” e “incapaces”, ha sido finalmente un pretexto
para buscar eliminarlos como interlocutores válidos en cualquier proceso de
diálogo sobre el uso de la Amazonía.
Viendo lo sucedido después, cabe
preguntarse: ¿se sienta acaso el gobierno peruano a negociar con “subversivos”
y ceder ante sus demandas?
Un movimiento social que desafía a un modelo de desarrollo
Más allá de los temas puntuales a resolver en el marco de
los enfrentamientos recientes, también entendemos que hay temas de fondo que
saltan a la luz al repasar los acontecimientos presentados líneas arriba.
Hay
dos que consideramos fundamentales. Primero, la negativa del gobierno de
negociar o siquiera discutir aspectos del modelo de desarrollo vigente en los
últimos decenios, inicialmente ignorando y luego recurriendo a deslegitimar y
reprimir a quienes se atreven a realizar estos cuestionamientos.
Segundo, la
incapacidad o falta de interés (no sólo del Gobierno sino también de los medios
de comunicación y de muchos actores privados y de la sociedad civil) en
entender y manejar reclamos que reflejan el complejo carácter multicultural de nuestra
sociedad.
Proponemos entender a las organizaciones amazónicas que
desafiaron las políticas del gobierno a través de una serie de paros,
movilizaciones y, finalmente, los enfrentamientos en Bagua, como líderes de un
movimiento social que desafía al Estado, en la medida en que este último
impulsa un modelo de desarrollo que atenta contra sus territorios y sus
derechos culturales y sociales.
Además, es un Estado que no ha dado espacios
donde se pudiese discutir temas de fondo o cuestionar de alguna manera el
modelo económico vigente.
Si bien el grado de radicalización de las recientes medidas
de protesta ha sido inusual, los reclamos de los pueblos amazónicos por mayor
atención del Estado y por mayor respeto a sus derechos culturales y sociales no
son nuevos.
Esto no sólo atañe a los movimientos indígenas y las áreas rurales;
en la historia reciente tenemos, por ejemplo, la oposición generalizada al
régimen fujimorista en el departamento de Loreto ante la percepción de que el
Estado centralista nuevamente había dejado de considerar los intereses de la
región amazónica al firmar acuerdos con otros países.
Asimismo, los grupos que
han participado en las protestas no son nuevos ni improvisados sino que, como
en el caso de AIDESEP (fundada en 1980), cuentan ya con muchos años de
consolidación y con significativa legitimidad entre las comunidades amazónicas.
Diversos expertos coinciden en que en el Perú ha habido una
larga historia de negación de los derechos y demandas de los pueblos amazónicos
así como de sus particularidades culturales.
Por un lado, está el asunto
fundamental de las cosmovisiones distintas de diversos grupos, que en la
actualidad habrían llegado a un punto de enfrentamiento.
Como afirma el experto
en temas amazónicos Róger Rumrrill,5 la concepción occidental del territorio
amazónico siempre ha entrado en conflicto con la de los habitantes de estas
tierras en tanto para la primera “la naturaleza está allí para ser usada, para
ser insumo”, mientras que desde una visión amazónica “la naturaleza es sagrada
y, por tanto, hay que respetarla”.
Para el Estado peruano la selva fue ante
todo una fuente de materia prima y han existido diversos períodos de fuerte
explotación de los recursos de la selva que se caracterizaron por vejámenes y
abusos a las poblaciones nativas.
Fue recién en 1974, durante el gobierno
militar del General Juan Velasco, que se dio la primera norma con rango de ley
que reconoció los territorios indígenas; a fines de esta misma década aparecen
las primeras asociaciones inter-étnicas de pueblos amazónicos, incluyendo la
antecesora directa de AIDESEP en 1979.
En la mencionada ley se reconoció la propiedad, la identidad
particular y se establecieron normas de protección, las cuales fueron
mayormente desvirtuadas con la Constitución de 1993, durante el gobierno de
Alberto Fujimori.
Los inicios de los años noventa fueron una época de marcada
desmovilización social, pero las cosas han ido cambiando a lo largo del actual
decenio.
Durante el breve mandato del Gobierno de Transición del Presidente
Paniagua, en 2001, se creó la Comisión Especial Multisectorial para las
Comunidades Nativas, la cual produjo (con la participación de organizaciones
indígenas, organizaciones no gubernamentales, consultores independientes y
representantes del sector público) el Plan de Acción que contenía propuestas de
solución para los problemas que afectan a las comunidades nativas del país.
Con
el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, se crea la Comisión Nacional de
Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) bajo la presidencia de la
Primera Dama Eliane Karp.
Sin embargo, a pesar de que el Plan de Acción había
sido aprobado por el Consejo de Ministros, nunca fue implementado por la
CONAPA.
La CONAPA luego se convirtió en el actual Instituto Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), institución de
escaso presupuesto y sin mayor peso político, que prácticamente estuvo ausente
como actor en la reciente crisis.
Hasta aproximadamente el 2007, las ONG tienen la mayor figuración
mediática en la promoción y protección de los derechos de los amazónicos.
Las
organizaciones comunales y étnicas aparecen en la escena nacional solo
esporádicamente, a pesar de que muchas cuentan con amplia legitimidad y buena
organización.
Sin embargo, no es coincidencia que a partir de la difusión del
discurso neoliberal de “El perro del hortelano” del Presidente Alan García se
siente un activismo mucho mayor de las organizaciones indígenas amazónicas en
la escena nacional.
Róger Rumrrill, Fernando Eguren, Sinesio López y otros
analistas han prestado atención recientemente al discurso del Presidente Alan
García en su conocido artículo de 2007 “El perro del hortelano” y sus
implicancias con respecto a la Amazonía.
En primer lugar el artículo refleja
una continuidad de la visión occidental de la Amazonía principalmente como
fuente de materias primas, donde las tierras indígenas son básicamente tierras
ociosas e improductivas que deben ser explotadas.
Así, las comunidades no
tendrían ni la educación ni los recursos económicos necesarios para seguir
disponiendo de estas tierras, las cuales deberían ser abiertas a la inversión.
Según Federica Barclay, el Presidente “encuentra que los regímenes especiales
para los pueblos originarios, y los derechos consagrados en diversos
instrumentos internacionales, constituyen una traba para el desarrollo…”.
El discurso neoliberal del Presidente se ve reflejado en los
cuestionados decretos legislativos de la primera mitad de 2008.
Estos decretos,
tanto como “El perro del hortelano”, han sido percibidos en la Amazonía como
nuevas faltas de respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas.
Según Sinesio López, desde la presidencia se pretende ignorar que el Perú es un
país multicultural y “García cree que gobierna una sociedad multicultural a la
que hay que civilizar homogeneizándola”.
Tenemos, en el mejor de los casos,
una falta de comprensión desde las altas esferas del Gobierno de la
problemática de un país multicultural y de la manera de aproximarse a estos
temas.
En otro sentido, se puede interpretar el rechazo al diálogo y las
continuas “mecidas” del Gobierno a las organizaciones que protestaban por los
decretos en cuestión como una abierta negación de las diferencias étnicas y
culturales a nombre de una mal entendida “modernidad”.
En todo caso, ya se empieza a entender que, más que hacer
tambalear al Gobierno, a los grupos que representan a los pueblos amazónicos
los impulsa una preocupación fundamental por hacer respetar su identidad y su
autonomía. Según López, la demanda central de estos grupos que vienen
protestando es “el establecimiento de una política de reconocimiento de su
identidad”.
Desafían al Estado y al modelo neoliberal en la medida en que
consideran que este infringe sus derechos y que el Gobierno quiere imponer un
modelo de desarrollo depredador de la Amazonía.
La importancia del reconocimiento de la identidad es algo
que frecuentemente no se entiende, y se alega, más bien, que los grupos
indígenas son manipulados por partidos políticos, ONG y hasta por líderes
extranjeros.
Tales aserciones reflejan una subestimación de los temas de
identidad como movilizadores de la ciudadanía y, además, reflejan también
racismo al asumir que los movimientos indígenas carecen de capacidad de
organización y de decisión.
Dado el enorme impacto que han tenido las protestas en Bagua
en la opinión pública y la adhesión a su causa por parte de variopintos grupos
en todo el país y en el extranjero –desde grupos en otras partes de la Amazonía
hasta estudiantes en Lima, pasando por organizaciones civiles en Ayacucho,
Junín, Cusco y Áncash, entre muchos otros– parecemos estar presenciando la
consolidación de un movimiento social a nivel nacional que pugna por el respeto
a la multiculturalidad y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas.
Como dice Frederica Barclay, “el movimiento indígena ha obtenido ya una
victoria importante: la mayoría de los ciudadanos ha comprendido que su reclamo
del derecho a ser consultado es legítimo”.
En tanto movimiento social, es
importante tenerlo en cuenta su impacto político ya que desafía directamente
aspectos centrales del modelo neoliberal de desarrollo que defiende el gobierno
aprista y sus principales aliados.
El movimiento amazónico que se viene consolidando encaja en
las definiciones vigentes de movimiento social, como la de Sidney Tarrow.
En
efecto, una lógica de acción basada en la afirmación de la identidad y los
derechos, antes que ideología o clase social, es una característica fundamental
de muchos movimientos sociales recientes.
Estos movimientos sociales logran
efectos políticos reales.
Así, a pesar de que la mayoría de peruanos no conocía
a sus líderes ni a sus reclamos antes de la reciente crisis, los grupos
amazónicos finalmente han logrado hacer retroceder al Gobierno en sus medidas.
Incluso han ocasionado que los miembros del Gabinete pongan sus cargos a
disposición.
Los reclamos de los grupos amazónicos son reclamos
racionales que no fueron atendidos o que no pudieron resolverse a través de las
instancias del Estado y del sistema político formal.
Cabe recalcar que los
grupos indígenas amazónicos carecen de adecuada representación en el sistema
político.
Esto no sólo se debe a la crisis de representación política que
afecta a los peruanos en general, sino también a su número relativamente
pequeño (alrededor de 350.000 indígenas amazónicos).
Debido a ello son minoría
incluso en las regiones de la selva y constituyen grupos dispersos
geográficamente.
Por estas razones, en la actualidad no hay ni un solo
representante de estos grupos étnicos en el Congreso.
Tampoco, a pesar de
ciertas afinidades con representantes del Partido Nacionalista y algunos
independientes, ha habido algún partido político que haya apoyado
consistentemente este tipo de reclamos en los foros oficiales.
En el Perú ha habido movimientos importantes en la última
década, como el pueblo de Arequipa contra la privatización de las empresas
generadoras de energía eléctrica o los múltiples conflictos de las comunidades
afectadas por la minería, pero ninguno de la dimensión nacional, la claridad
programática y la fuerza organizativa como el desarrollado por las comunidades
amazónicas.
En este aspecto estábamos gravemente retrasados frente a otros
países vecinos donde ha sido viable la aparición de movimientos sociales y
fuerzas políticas críticas del enfoque predominante.
Con el movimiento amazónico se termina la lógica de las
mesas de diálogo de la última década, la cual no ha servido para la discusión
de temas de fondo.
Los ciudadanos de la selva, apoyados por grupos de todo el
país, ya no aceptan los paliativos de discutir detalles puntuales.
Su extraordinaria
virtud consiste en haber puesto la discusión del modelo sobre la mesa, a pesar
de que hayan tenido que recurrir a medidas de protesta abiertamente desafiantes
y técnicamente ilegales, como la toma de carreteras y de infraestructura
petrolera, para que sus reclamos fueran atendidos.
Algunas implicancias políticas:
¿Cuáles son las implicancias políticas del surgimiento de
este movimiento social para los próximos meses y para las próximas elecciones
de 2010 y 2011? En primer lugar, el fracasado intento de desestimar y luego
reprimir los reclamos amazónicos puede entenderse como parte de una estrategia
gubernamental que continuará frente a quienes cuestionen el modelo económico
vigente.
Se estaría buscando a través de ella crear un escenario electoral en el
que no haya sitio para aquellos que no piensen como el gobierno y sus aliados.
Es de esperar que, después de esta coyuntura desfavorable, el Gobierno utilice
todos los recursos disponibles para evitar que la oposición antineoliberal se
constituya y eventualmente se desarrolle.
Pero neutralizar a estas fuerzas de
ahora en adelante será mucho más difícil, y más bien se han abierto las puertas
para alternativas políticas distintas a las que han gobernado el país en años
recientes.
Según Alberto Adrianzén, el futuro electoral de cualquier
fuerza política dependerá crecientemente de “cuán capaz sea de organizar y
representar la protesta social y no solamente de expresar los malestares y
humores de estos sectores sociales contrarios a las políticas neoliberales”.
Con la consolidación de este movimiento social de alcance nacional y
abiertamente crítico del modelo neoliberal, ahora es mucho más posible que
aparezca antes de las próximas elecciones alguna alternativa política que
agregue y articule los distintos intereses que buscan en el centro, la
izquierda y el nacionalismo retomar la construcción democrática y el desarrollo
sostenible.
Más allá del actual Gobierno, la tendencia del Estado en los
últimos decenios ha sido la de neutralizar los cuestionamientos al modelo
neoliberal, incluso tras la transición democrática de 2000.
Hoy, la oposición
en el país se empieza a identificar con la oposición al neoliberalismo.
Una
oposición así reconocida cambia las condiciones del juego político, no sólo en
este gobierno sino en esta democracia, en las relaciones entre sociedad y
Estado.
Por otro lado, está por verse si en los próximos meses,
hasta que empiecen las campañas para los próximos comicios, se puede superar de
manera pacífica y constructiva la polarización reciente.
Además, si luego
del aprendizaje de las últimas semanas los ciudadanos del Perú estarán
dispuestos a darle oportunidad política a una alternativa democrática distinta
a las que han existido en los últimos veinte años.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
